La seguridad privada se encarga de mantener y garantizar la integridad física de las personas, bienes e inmuebles de los que sean responsables. Es un sistema de diferentes profesionales cuyo objetivo es reducir, controlar y eliminar todo tipo de riesgos y amenazas.
Con el paso de los años, esta área se ha convertido en un servicio solicitado por miles de empresas, instituciones y residentes. Se clasifica como ‘privado’ porque el servicio lo brinda una empresa, no un gobierno. En el caso de España existe una ley que permite cumplir con las funciones de seguridad privada y la manera cómo debe aplicarse se explica a continuación.
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Marco legal de la seguridad privada en España
La principal normativa en España en la actualidad, es la vigente Ley 5/2014 de Seguridad Privada que viene a sustituir la anterior Ley 23/1992. El reglamento que la regula está desarrollado, pero aún no se ha aprobado al momento de la redacción de dichas páginas, es decir que hasta ahora sigue siendo parte de una transición y se sigue aplicando la normativa anterior. En su artículo número 5 se destaca el marco legal de la seguridad privada de la siguiente manera:
a.- La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas, que pudieran encontrarse en los mismos.
b.-El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
c.- El depósito, custodia y recuento clasificación de monedas y billetes, títulos, valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir especial vigilancia y protección.
d.- El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen vigilancia y protección especial.
e.- El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.
f.- La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales de alarmas o a centros de control o de video vigilancia.
g.- La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y en su caso respuesta y transmisión de las señales de alarma.
h.- La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
Requisitos y procesos para obtener la habilitación como Director de Seguridad
Para ser director de seguridad se necesita reunir una serie de requisitos: o bien tener un título de Grado universitario en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen; o un título del curso de dirección de seguridad de los reconocidos por el Ministerio del Interior.
Los candidatos en este puesto deberán tener desempeñado puestos o funciones de seguridad, públicas o privadas, durante al menos cinco años para ser considerados jefes de seguridad. La tarjeta de identidad profesional será necesaria para ello, y se debe confirmar, mediante las adecuadas pruebas, que poseen eficaz conocimiento sobre la normativa reguladora de la seguridad privada, la organización de servicios de seguridad y las modalidades de prestación de los mismos.
Por su parte, para poder lograr la habilitación de sus funciones, se necesita:
- La declaración jurada.
- El certificado de antecedentes penales.
- Currículum vitae.
- Una fotocopia del título de Bachiller.
- Técnico o Técnico Superior.
- Superar las pruebas correspondientes.
También se debe tener una titulación académica universitaria que confirme el rendimiento durante cinco años de puestos o funciones de Seguridad Pública o de Seguridad Privada.
Normativas específicas para la protección de datos y seguridad electrónica
La seguridad y la continuidad de los negocios en la era digital actual dependen de la cooperación entre la Ley de Protección de Datos y seguridad electrónica. La primera establece normas y directrices para garantizar la privacidad y el manejo adecuado de la información personal, mientras que la segunda se enfoca en proteger los sistemas informáticos y los datos contra amenazas cibernéticas.
Por lo tanto, ambas funcionan juntas: una seguridad electrónica sólida es esencial para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de protección de datos personales, mientras que una gestión adecuada de la información personal fortalece la resiliencia de los sistemas ante posibles ataques.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha sido aprobada en el año 2021 en España, con el objetivo de detectar, prevenir, investigar y juzgar ciertos delitos. Es importante destacar que es una de las herramientas más cruciales y útiles porque evita una variedad de delitos potenciales.
Por su parte el Congreso español ha modificado sus leyes en respuesta al Reglamento General de la Protección de Datos (RGPD) para adaptarlas al reglamento europeo. Esta nueva Ley Orgánica establece una regulación más rigurosa en relación a la gestión de datos personales.
Las Ley Orgánica 7/2021 hace referencia en otros preceptos y apartados, informaciones relacionadas a los datos personales de personas que se encuentran fallecidas, las autoridades competentes a efectos de dicha ley, la licitud del tratamiento, el deber de colaboración, además de la instalación de sistemas totalmente fijos y derechos de los individuos, entre otros temas.
El Reglamento es una medida esencial para fortalecer los derechos fundamentales de las personas en la era digital y facilitar la actividad económica, ya que aclara las normas aplicables a las empresas y los organismos públicos en el mercado único digital. Además, la existencia de una norma única pone fin a la fragmentación en distintos sistemas nacionales y a las cargas administrativas innecesarias.
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